POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL  
28/12/2015
Caso Nisman: el edificio es el culpable

Una visión del problema de la Justicia y la propiedad horizontal


Por JORGE A. HERNÁNDEZ*
Los gravísimos acontecimientos que conmocionaron al país durante el mes de enero de 2015, mediante las sucesivas noticias y hechos vinculados a la extrañísima muerte del fiscal Alberto Nisman, encargado durante más de una década, de la investigación con exclusividad de los posibles encubrimientos del atentado a la AMIA, también reflejaron con absoluta crudeza la situación de extrema debilidad en la cual se debaten en casi todos los consorcios de propietarios las prestaciones regulares que aseguren el normal y óptimo funcionamiento, mantenimiento y conservación de los servicios comunes, centrales, de confort y de súper confort del cual está dotado cada uno de los inmuebles.

Las reiteradas críticas de los investigadores policiales, fiscales, judiciales y periodísticos sobre las carencias y deficiencias de los avanzados y sofisticados sistemas de vigilancia digital y seguridad presencial con personal uniformado instalados en el emblemático Edificio Le Parc del barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestran a las claras que aún en los consorcios de propietarios del más alto nivel socio económico y con expensas comunes que representan cifras sumamente elevadas, a sus administraciones en la actualidad les resulta una misión casi imposible disponer con la debida autonomía y suficiente autoridad para adoptar las correctas decisiones sobre la totalidad de las medidas necesarias para asegurar con absoluta certeza que funcionen con normalidad y sin fallas circunstanciales o por períodos prolongados cada uno de los servicios del edificio.

Sería un absurdo total que basados en estas precarias apreciaciones sobre las supuestas deficiencias de los servicios comunes de vigilancia y seguridad consorcial, los dedicados a investigar y juzgar sobre el luctuoso hecho concluyan finalmente adjudicando al edificio la culpabilidad por las dificultades para esclarecer la extrañísima muerte del fiscal especial.

Pero en cuestión de corrupción e impunidad del poder, en cualquier momento en nuestro país aún lo más inverosímil se puede volver realidad. ¡Ha ocurrido tantas veces!

Cuando se trata de ocultar la incapacidad de las autoridades para llegar a conocer la verdad y hacer justicia, aún lo más insólito resulta posible, por eso deberíamos ir preparándonos para consumir e intoxicarnos otra década más con noticias e investigaciones cruzadas, ya no sobre el terrible atentado ocurrido en 1994, ni tampoco sobre los posibles encubrimientos de las sucesivas autoridades gubernamentales, en esta nueva etapa será, principalmente, sobre la autoría material e intelectual del disparo que terminara con la vida del Dr. Nisman, lo que nos tendrá distraídos seguramente por varios años más.

Al final, como ya es costumbre, el resultado será el de siempre: absoluta impunidad.

Mientras tanto, otros funcionarios públicos y legisladores seguirán cargando a los consorcios de propietarios con nuevos libros, nuevos seguros, nuevos registros, nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades, muchas de ellas a sabiendas que son de cumplimiento imposible, pero todas con un solo objetivo: recaudar más para las arcas del Estado a través de las expensas comunes y en beneficio de los habituales amigos políticos y sindicales del poder de turno.

También continuarán imponiendo nuevos deberes, declaraciones juradas, controles, limitaciones, sanciones y multas confiscatorias a las administraciones de los edificios, con el único fin de cercenar cualquier posibilidad de que puedan adoptar en tiempo y forma y con absoluta autonomía las mejores medidas necesarias para brindar a los copropietarios la certeza de la óptima prestación de todos los servicios consorciales.

Hay que tener en cuenta que este verdadero festival de disposiciones con nuevos deberes, responsabilidades, y obligaciones que vienen cargando a través de las expensas comunes sobre los bolsillos de los propietarios y sobre la profesión de los Administradores, tiende a colocar a los consorcios de propietarios en una situación cada vez de más extrema precariedad e inseguridad sobre el debido funcionamiento, mantenimiento y conservación de los inmuebles y sus prestaciones de servicios generales.

Por otro lado y para reafirmar las malsanas intensiones de quienes se ocultan detrás de los beneficios otorgados por las mencionadas disposiciones dictadas en contra de los consorcios y sus administraciones, se siguen obstruyendo, ninguneando y cajoneando los intentos de tratar y considerar algunos de los principales temas que podrían beneficiar a la comunidad consorcial, por ejemplo: la educación para vivir en propiedad horizontal; la formación académica de los Administradores; el régimen de paritarias por consorcio; la Ley del Administrador; la participación y democratización en los consorcios; la reducción de las expensas comunes; la resolución de conflictos consorciales y la exención de pago del 50% de las expensas comunes a jubilados y pensionados, entre otras cuestiones de suma importancia.
Fuente: Revista Reunión de Administradores, febrero de 2015.
*JORGE A. HERNÁNDEZ es Administrador profesional en Propiedad Horizontal. Presidente de la Fundación Reunión de Administradores y director de la revista del mismo nombre.
 

 
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